La identificación de más de 200 cuerpos en un periodo de tres días tras el reciente terremoto ha planteado significativos desafíos en su entrega digna a los familiares de las víctimas. Ariel Emilio Cortés Martínez, director de Medicina Legal, ha liderado una tarea complicada, marcada por diversas dificultades logísticas. La sede de la entidad en Cali sufrió daños estructurales, lo que obligó a la organización a buscar alternativas rápidas para continuar su labor. Hasta el viernes por la tarde, se habían recibido 270 cuerpos, de los cuales se habían entregado 259. La situación se complicó debido a que la sede de Medicina Legal en Cali quedó fuera de servicio y se tuvo que operar desde Palmira y Tuluá.

Desde el martes, cuando comenzaron a llegar los cuerpos, el trabajo ha sido maratónico para garantizar la identificación y la entrega a las familias. Cortés explicó que, a pesar de la crisis estructural en Cali, el equipo ha sido capaz de adaptarse a las circunstancias. Sin embargo, el colapso parcial del Hospital Universitario del Valle, que actuaba como plan B, llevó a la entidad a implementar un plan C, trasladando operaciones a Palmira y Tuluá. En Pereira, la Fuerza Aérea ha colaborado facilitando el transporte de peritos, dado que el aeropuerto de la zona también sufrió daños y se encuentra cerrado.

Uno de los problemas inmediatos fue la falta de refrigeración para los cuerpos, que se resolvió gracias al apoyo de la oficina de la primera dama, que gestionó contenedores refrigerados en Pereira y Palmira. A pesar de estas soluciones, Cortés ha destacado la necesidad de mejorar la infraestructura de Medicina Legal, con una solicitud de apoyo para varios proyectos en 2027. En Buenaventura, la falta de capacidad llevó a que los cuerpos de un incendio en una cárcel tuvieran que ser trasladados a Tuluá. La situación es similar en Quibdó, donde se busca establecer una nueva sede, un proyecto que costaría 13.000 millones de pesos.

El director de Medicina Legal ha señalado que, aunque se han enfrentado a serias limitaciones, han logrado responder a la emergencia. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de salud pública que supone la presencia de cuerpos no recuperados en edificaciones colapsadas, lo que podría generar enfermedades y olores. A pesar de las dificultades, ha elogiado la colaboración entre el gobierno, la empresa privada y las autoridades locales, quienes han mostrado solidaridad en medio de la crisis.

Respecto a la identificación de víctimas, Cortés ha indicado que se están llevando a cabo pruebas genéticas para garantizar la correcta entrega de los cuerpos. En total, se han identificado 19 menores, de los cuales varios ya han sido entregados. Sin embargo, el proceso ha sido cauteloso, especialmente en el caso de cuatro bebés en Buga, donde se busca evitar errores en la identificación, como los ocurridos en situaciones pasadas. La formalización del ingreso a Medicina Legal puede tardar entre una y tres horas, lo que puede generar discrepancias en los conteos iniciales de cuerpos.

En la actualidad, se cuenta con un contenedor en Palmira con capacidad para 200 cuerpos, lo que permite mejorar la capacidad de refrigeración ante las limitaciones de las cavas, que tienen una capacidad máxima de 20. Además, hay un vehículo de Medicina Legal en Palmira que puede transportar otros 20 cuerpos, y en Pereira hay otro contenedor que puede albergar hasta 100 cuerpos. Estas medidas han sido fundamentales para afrontar la situación actual y garantizar la dignidad en el tratamiento de las víctimas.

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