Las empresas familiares desempeñan un papel fundamental en la economía europea, ya que reinvierten en sus comunidades, mantienen los empleos localmente y adoptan una visión a largo plazo sobre el riesgo y la responsabilidad. Muchas de estas empresas son pequeñas y medianas, que constituyen el corazón del tejido empresarial. En la Unión Europea, las pequeñas y medianas empresas representan el 99,8% de todas las empresas y dan empleo a casi 90 millones de personas, generando más de la mitad del valor añadido en la economía. Por lo tanto, en un contexto donde el crecimiento en Europa ha sido insuficiente durante demasiado tiempo, la energía y la visión de las empresas familiares son más necesarias que nunca.

Es crucial preguntarse si estamos apoyando adecuadamente a estas empresas en su labor. La Fundación para las Empresas Familiares realizó recientemente una encuesta a 2.100 directivos en siete países: Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos, Polonia y Suecia. Aproximadamente el 80% de los encuestados dirige empresas familiares de diversos tamaños y los resultados son reveladores. Un 83% indicó que las cargas regulatorias están limitando sus inversiones, no en áreas marginales, sino en factores clave para la competitividad como la digitalización, la expansión a nuevos mercados, la infraestructura propia y la formación de su personal.

Este dato destaca que más de ocho de cada diez empresas afirman que las normativas diseñadas para apoyarlas, en realidad, obstaculizan su futuro. Para las empresas familiares, los costos asociados son particularmente altos, dado que, a diferencia de una gran compañía cotizada que puede permitirse un departamento de cumplimiento normativo, muchas empresas familiares no cuentan con esos recursos. Por lo tanto, el problema es evidente: una regulación excesiva y superpuesta impone costos reales, desincentivando la inversión y desviando capital y energía de la innovación.

El objetivo de la agenda de simplificación es claro: las normas deben funcionar a favor de los ciudadanos, de las empresas y del crecimiento, no en su contra. Se ha establecido una meta de reducir la carga administrativa en un 25% para el final de este mandato, y en un 35% para las pequeñas y medianas empresas. Se están logrando avances significativos, ya que se han presentado doce propuestas principales de simplificación en diferentes áreas políticas, las cuales podrían ahorrar al menos 17.000 millones de euros anualmente en costos administrativos para las empresas y administraciones europeas.

Estos ahorros permitirán a las empresas redirigir recursos que antes se destinaban al cumplimiento normativo hacia inversiones, innovación y expansión, actividades que generan empleos de calidad y mejoran nuestra competitividad y prosperidad. Un ejemplo concreto de los cambios significativos es la primera gran ley de simplificación, que entró en vigor en febrero. Esta legislación simplifica la presentación de informes sobre sostenibilidad corporativa y la debida diligencia, aliviando la carga de informes y limitando el efecto cascada de obligaciones sobre las pequeñas empresas de la cadena de valor.

Este cambio liberará a miles de empresas de requisitos de informes complejos, protegerá a las pequeñas firmas y centrará la debida diligencia en áreas donde puede tener un impacto real. Esto demuestra que no es necesario elegir entre nuestros objetivos de sostenibilidad y la competitividad; unas normas inteligentes pueden lograr ambos propósitos. Además, buscamos que estos cambios sean reales, no solo cosméticos, por lo que estamos manteniendo un diálogo directo con las empresas a través de diálogos de implementación y verificaciones de la realidad.

La Comisión ya ha llevado a cabo más de 80 diálogos de implementación, involucrando a más de 1.600 partes interesadas de una amplia gama de sectores. Esta intensa interacción con quienes deben navegar por nuestras normativas continuará, garantizando que las nuevas regulaciones sean efectivas y beneficiosas para el tejido empresarial europeo.

Fuente: Comisión Europea.

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