La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio ha presentado recientemente la Guía del Agente Urbanizador, un documento diseñado para facilitar la implementación de esta figura, la cual se enmarca dentro de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Este recurso busca movilizar suelo, acelerar la ejecución del planeamiento urbanístico y fomentar la construcción de nuevas viviendas. La consejera Rocío Díaz anunció en septiembre, durante un encuentro sobre urbanismo celebrado en Málaga, la elaboración de esta guía, la cual se concibe como un «manual de instrucciones» que define quiénes pueden desempeñar el papel de agente urbanizador, en qué circunstancias pueden actuar y qué procedimientos deben seguir.

Rocío Díaz destacó que con la publicación de este documento se da un paso significativo para transformar las oportunidades que brinda la LISTA en herramientas concretas para la acción en el territorio. «El objetivo es proporcionar a los ayuntamientos y a los operadores normativas claras que permitan que los proyectos urbanísticos viables avancen con seguridad jurídica y todas las garantías», enfatizó. La guía abarca diez capítulos que exploran los aspectos jurídicos y prácticos de la figura del agente urbanizador, incluyendo su definición, naturaleza jurídica, procedimiento de selección y adjudicación, y su papel en los diferentes sistemas de ejecución urbanística.

El agente urbanizador puede ser una persona física o jurídica que, aunque no sea propietaria del suelo, asume la responsabilidad de llevar a cabo una actuación urbanística tras ser seleccionada por la Administración a través de un proceso de concurrencia pública. Este papel implica aportar capacidades empresariales y profesionales con el fin de impulsar la ejecución urbanística. Según la guía, la selección a través de la concurrencia pública y la acreditación de solvencia económica, financiera, técnica y profesional son elementos fundamentales para esta figura, permitiendo que la iniciativa privada participe en la ejecución de proyectos urbanísticos bajo un marco de control y supervisión pública.

La consejera ha subrayado la importancia de la planificación, enfatizando que «es esencial que esa planificación se materialice en la creación de barrios, equipamientos y tierras disponibles para la construcción». En este sentido, ha reiterado que una de las prioridades de su departamento es «acortar el tiempo que transcurre desde que un suelo es planificado hasta que está listo para albergar nuevas viviendas». Dicha guía responde así al desafío expresado por Díaz de disponer de suelo urbanizado como requisito previo para aumentar la oferta de residencias. «No hay vivienda sin suelo preparado», señaló Díaz, quien vinculó esta cuestión con la necesidad de promover más vivienda asequible.

El documento hace un hincapié particular en las diversas situaciones donde el agente urbanizador puede operar. La LISTA permite su intervención en gestiones urbanísticas sistemáticas y asistemáticas, esta última siendo una de las innovaciones introducidas por la normativa andaluza. Además, la figura puede ser utilizada en procedimientos públicos de expropiación y también aborda sus aplicaciones en suelos urbanos que no precisan limitemos de unidades de ejecución. Así, el agente urbanizador se presenta como un medio para fomentar la colaboración público-privada en determinadas iniciativas de mejora urbana o reurbanización.

Rocío Díaz ha comentado que la guía está orientada especialmente a facilitar la labor de los ayuntamientos, que suelen ser las entidades responsables de seleccionar a los agentes urbanizadores, aunque ha aclarado que la Junta de Andalucía podría asumir esta función en casos de interés autonómico. Asimismo, el documento incluye un apartado sustancial que explica el procedimiento de selección del agente urbanizador, así como los criterios que deberían prevalecer en su adjudicación. Estos criterios abarcan los plazos de ejecución, las responsabilidades que asumen los propietarios, la calidad de las obras, las garantías de cumplimiento y la solvencia del operador, así como los compromisos relacionados con la vivienda protegida.

Con estas medidas, la colaboración entre el sector privado y la administración pública se organiza mediante procesos competitivos y bajo la supervisión administrativa. La consejera ha afirmado que «la colaboración público-privada es efectiva cuando cada parte contribuye con sus respectivas fortalezas: la Administración gestiona y protege el interés general, y los operadores profesionales aportan su experiencia técnica, financiación y capacidad de gestión». Esta presentación de la guía se enmarca dentro del propósito del Gobierno andaluz de promover «un urbanismo más sencillo, ágil y seguro», que sea capaz de convertir la planificación en acciones concretas.

Díaz ha concluido que el objetivo es lograr que el suelo disponible se transforme en suelo listo para ser utilizado, facilitando así su conversión en viviendas, generación de actividad económica, equipamientos y en la mejora de las ciudades.

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Foto: Junta de Andalucía