La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, mediante la Dirección General de Consumo, está ejecutando una campaña de inspección sobre la compraventa y el arrendamiento de viviendas en todas las provincias de Andalucía. Esta iniciativa, que se extenderá hasta el mes de diciembre de 2026, incluye un mínimo de 130 actuaciones dirigidas a constructoras, promotoras, gestores inmobiliarios y empresas del sector. El despliegue abarca diversas modalidades, incluyendo viviendas en fase de proyecto o construcción, viviendas nuevas, viviendas de segunda mano y contratos de alquiler.

La acción, que comenzó en julio, tiene como propósito fundamental evaluar el cumplimiento de la normativa de consumo vigente. En este marco, las autoridades analizan la evolución del sector y examinan las características de las promociones, ofertas y acciones publicitarias relacionadas con la adquisición y el alquiler de inmuebles. Se pone especial énfasis en verificar que la información suministrada a los consumidores sea precisa, especialmente en lo que respecta a las características físicas de la vivienda, el precio final, las condiciones de pago y las garantías sobre las cantidades entregadas a cuenta.

Durante el desarrollo de la campaña, también se supervisa la responsabilidad de los distintos agentes involucrados en el proceso de edificación. Los inspectores verifican que los modelos contractuales utilizados por las empresas intermediarias sean adecuados y que los contratos de arrendamiento y compraventa ya formalizados respeten la normativa legal. Asimismo, se comprueba que las viviendas que se ofrecen al público coincidan estrictamente con las características anunciadas, asegurando que dicha concordancia quede reflejada tanto en la información previa como en los documentos contractuales finales.

En el ámbito específico de los arrendamientos, la campaña se centra en comprobar que las empresas de intermediación cumplan con los requisitos legales vigentes. Un punto clave es la verificación de que no se cobren ni se obligue al arrendatario a pagar gastos de gestión inmobiliaria o de formalización del contrato por parte de las intermediarias. Además, se vigila estrictamente que la fianza exigida no supere el límite de una mensualidad de renta en los contratos de vivienda.

Otro aspecto fundamental de la inspección es la verificación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la certificación de eficiencia energética. Esta comprobación se aplica tanto a las ofertas y promociones realizadas directamente por las empresas como a los anuncios publicados en las plataformas de intermediación inmobiliaria. Finalmente, la campaña revisa la relación contractual entre los propietarios que actúan como consumidores y las empresas de intermediación, centrando la atención en documentos específicos como las autorizaciones de venta, los contratos de gestión y las notas de encargo.

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Foto: Junta de Andalucía