La tensión política en torno al modelo fiscal madrileño ha escalado este lunes tras las nuevas acusaciones de ‘dumping fiscal’ por parte de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha seguido la línea marcada por el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, durante el fin de semana. Las declaraciones han provocado una firme reacción desde la Comunidad de Madrid, que ha calificado los reproches de “desinformación” y “ataques interesados”.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado el “total desconocimiento” de la ministra Díaz y ha asegurado que sus declaraciones «sólo pueden deberse a una torpeza o a un intento de engañar a los españoles”. Lo ha manifestado durante una comparecencia en Móstoles, en la que ha reiterado que “Madrid no hace dumping fiscal”, sino que aplica su derecho, como todas las comunidades, a gestionar sus propios tributos dentro del marco legal vigente.

García Martín se ha apoyado en las cifras expresadas este domingo por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que señaló que Madrid aporta el 70% de la caja común del Estado. “Gracias a los impuestos que pagan los madrileños se financian no solo los servicios públicos en nuestra región, sino también en muchas otras comunidades autónomas”, afirmó, subrayando que Madrid solo se queda con el 20% de lo recaudado, mientras que el 80% lo gestiona el Gobierno central.

Las críticas contra Madrid no se han limitado a Díaz e Illa. La ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha asegurado que la política fiscal madrileña “perjudica a toda España”, avivando el debate sobre una presunta competencia desleal entre comunidades autónomas.

Desde el Ejecutivo regional insisten en que las acusaciones son infundadas, citando a organismos como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que recientemente ha asegurado que “no hay insolidaridad posible” porque la rebaja de impuestos en una región no afecta a los ingresos de otras.

Por su parte, el vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, ha acusado a Salvador Illa de intentar “tapar su mala gestión” atacando a Madrid. “Cada comunidad tiene libertad para fijar su fiscalidad. Si Cataluña decide cobrar más impuestos y mantener altos niveles de deuda y gasto superfluo, como abrir embajadas en China, es su responsabilidad”, ha declarado desde la sede nacional del PP.

Bravo ha defendido el modelo madrileño afirmando que “bajar impuestos genera más actividad, más empresas, más empleo y, por tanto, más recaudación”, una estrategia que el PP asegura haber mantenido con éxito durante las dos últimas décadas.

La Comunidad de Madrid defiende así su modelo de presión fiscal reducida, que asegura que ha demostrado ser más eficiente y solidario, al contribuir en mayor medida al sistema de financiación autonómica, al tiempo que mejora sus propios servicios públicos.

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