La Comunidad de Madrid ha decidido prorrogar durante dos años el convenio establecido con el Ayuntamiento de la capital, el cual tiene como finalidad proporcionar asesoramiento especializado y no vinculante a jueces, además de ofrecer orientación a personas con problemas de drogodependencia que se encuentren en procesos judiciales y a sus familias. Esta decisión fue autorizada por el Consejo de Gobierno, que ha aprobado una inversión que supera los 600.000 euros para financiar este servicio durante los años 2027 y 2028.

El programa, que se implementa desde 2025 en el Tribunal de Instancia de Plaza de Castilla, tiene como objetivo ayudar a los usuarios a entender su situación procesal asociada al consumo de drogas y a las posibles repercusiones legales que esto puede acarrear. Además, se ofrece acompañamiento a lo largo de todo el procedimiento judicial. El convenio actual permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, pero, debido a los resultados positivos obtenidos hasta la fecha, el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Madrid han decidido extenderlo hasta finales de 2028.

Esta colaboración busca mejorar la coordinación entre el sistema judicial y las redes especializadas en el tratamiento de adicciones, facilitando así el acceso a tratamientos y promoviendo la reinserción de aquellos individuos que enfrentan problemas derivados del consumo de sustancias y que se encuentran en procesos judiciales. El programa es cofinanciado al 50% por ambas administraciones, lo que refleja el compromiso conjunto en la lucha contra las drogodependencias.

Este acuerdo forma parte de las 75 medidas que componen el Plan regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid, puesto en marcha en noviembre de 2024, que cuenta con una inversión total de 200 millones de euros. Este esfuerzo busca no solo abordar las consecuencias legales del consumo de drogas, sino también dar un enfoque integral que contemple la salud y la reinserción social de los afectados.

Foto: @Comunidad de Madrid