El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a 21 personas y 25 entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Entre los sancionados se encuentra Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, así como líderes de células operativas en Tijuana y Mexicali, facilitadores financieros y funcionarios mexicanos corruptos que permiten al cártel operar sin restricciones a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Esta medida resalta el compromiso de la administración Trump con desmantelar la infraestructura operativa y política del Cártel de Sinaloa en México, interrumpiendo las redes que alimentan el tráfico de fentanilo, la violencia y la corrupción, que amenazan a las comunidades de ambos lados de la frontera. Las sanciones de hoy reflejan un enfoque integral del gobierno de Estados Unidos para combatir las organizaciones criminales transnacionales y las organizaciones terroristas extranjeras con las que tienen conexiones.

Asimismo, las designaciones ponen de manifiesto la influencia corrosiva del cártel en la gobernanza mexicana, especialmente en Baja California, donde se alega que asociados del exmarido de la gobernadora, un exdirector de seguridad pública de Mexicali, y otros operadores políticos aceptaron sobornos para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa de la acción de la ley.

Para acelerar la desarticulación de figuras clave del cártel en la región, el Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado ofrece hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura y/o condena de los jefes de plaza de Tijuana, Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”, y René Arzate García, conocido como “La Rana”, así como hasta 5 millones por información que lleve a la detención y/o condena del líder del cártel en Mexicali, Juan José Ponce Félix, apodado “El Ruso”.

Las sanciones se han implementado conforme a la Orden Ejecutiva 14059, que tiene como objetivo la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción, y de acuerdo con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886, que se centra en los terroristas y sus apoyos.

Esta acción se presenta en un contexto de creciente atención hacia el problema del fentanilo y las organizaciones criminales que operan en la región, poniendo de relieve la necesidad de medidas más contundentes para frenar su influencia y actividad delictiva.

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