El Departamento de Estado de Estados Unidos ha implementado restricciones de visa para funcionarios extranjeros implicados en actividades corruptas y en narcotráfico. Esta medida busca fortalecer el compromiso del país en la defensa de la gobernanza democrática en el hemisferio, una promesa reafirmada durante la Cumbre de Doral y en la declaración de líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre. La nueva política de restricciones de visa, basada en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, afecta a los nacionales extranjeros y a sus familiares inmediatos, quienes socavan gobiernos democráticamente elegidos mediante actos de corrupción o narcotráfico. La administración considera que estas acciones representan una amenaza para la seguridad y el estado de derecho en las Américas, y no serán toleradas.

Esta política permite a Estados Unidos actuar de manera rápida y coordinada con sus aliados, a medida que se recojan evidencias sobre las actividades corruptas. En este sentido, el Departamento de Estado ha comenzado a imponer restricciones de visa en apoyo a los participantes del Escudo de las Américas, que incluyen a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

En el caso de Bolivia, bajo esta nueva política, se han impuesto restricciones de visa a doce ciudadanos bolivianos y sus familias. Las visas de los siguientes individuos han sido revocadas: Martin Daniel Irusta Flores, Fiscal Superior; Albania Chane Caballero Saavedra, Primera Jueza de Investigación Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer en el Departamento de Santa Cruz; Alberto Zeballos Flores, Fiscal Jefe de Santa Cruz; Rosario Ximena Flores Paniagua, Jueza de Instrucción Penal en el Departamento de Santa Cruz; Iván Manolo Lima Magne, Ex Ministro de Justicia y Transparencia Institucional; Alvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, Fiscal Superior Actual y Ex Fiscal Departamental de Chuquisaca; e Israel Ramiro Campero Méndez, Magistrado Constitucional.

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