El Tribunal Supremo ha determinado este jueves que Ahmed Tommouhi, un albañil de origen marroquí, tiene derecho a recibir una indemnización de 2,5 millones de euros por los daños sufridos tras haber estado encarcelado durante casi 18 años por dos violaciones que no cometió. La decisión se basa en la consideración de que existió un error judicial grave, dado que el tribunal que lo condenó no tuvo en cuenta una prueba pericial biológica que demostraba su inocencia, ya que su perfil genético no coincidía con los restos de semen encontrados en la ropa de la víctima.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha calificado el error como «inequívoco y cualificado». Este fallo marca un hito, ya que Tommouhi había sido condenado en septiembre de 1992 por la Audiencia Provincial de Barcelona, aunque posteriormente fue absuelto en 2023 tras un recurso de revisión que llevó su caso ante el Supremo. El tribunal subraya que la falta de valoración de la prueba biológica fue determinante para que el hombre permaneciera privado de libertad durante un tiempo excepcionalmente prolongado.
Entre noviembre de 1991 y abril de 2009, Tommouhi estuvo encarcelado, primero en prisión provisional y luego cumpliendo condena. Tras su liberación, decidió solicitar una indemnización por los años que pasó tras las rejas injustamente. Aunque su reclamación inicial ascendía a más de 3,64 millones de euros, el Tribunal Supremo ha considerado razonable fijar la indemnización en 2,5 millones, una cantidad que busca resarcir tanto el daño moral como el patrimonial sufrido por el afectado.
El Supremo ha argumentado que la cifra de la indemnización es adecuada, considerando el tiempo que Tommouhi estuvo privado de libertad. La duración de su encarcelamiento, cercana a los dieciocho años, ha sido identificada como un factor de «excepcional gravedad» que ha intensificado su sufrimiento moral y ha impactado significativamente en su vida personal y profesional.
El tribunal también ha destacado que la prolongación de la privación de libertad conlleva una intensificación del sufrimiento emocional, la pérdida de oportunidades y un impacto negativo en la personalidad del individuo. Este sufrimiento excede los parámetros habituales en casos de prisión indebida de menor duración, subrayando así la gravedad de su situación.
Por otro lado, el Tribunal Supremo ha desestimado la solicitud de Tommouhi para que se declarase la «culpa grave» de los magistrados que dictaron su condena. El tribunal argumenta que este aspecto va más allá del alcance del procedimiento, que se ha centrado exclusivamente en la valoración de la responsabilidad patrimonial del Estado por el error judicial que afectó al reclamante.
La decisión del Tribunal Supremo no solo representa un reconocimiento de la injusticia sufrida por Tommouhi, sino que también establece un precedente sobre la importancia de la revisión de los errores judiciales y de la responsabilidad del Estado en casos de privación de libertad injusta. Este fallo podría tener implicaciones para otros casos similares en el futuro, resaltando la necesidad de un sistema judicial que valore adecuadamente las pruebas y garantice la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El caso de Ahmed Tommouhi ha generado un debate sobre el funcionamiento del sistema judicial y la responsabilidad del Estado en casos de condenas erróneas. La resolución del Tribunal Supremo podría impulsar una revisión de los protocolos en la valoración de pruebas, asegurando que situaciones como la vivida por Tommouhi no se repitan en el futuro.
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