La protección de los menores estadounidenses que son objeto de sustracción internacional y su reencuentro con sus padres son prioridades fundamentales para la Administración Trump. Cuando funcionarios de gobiernos extranjeros, jueces, administradores judiciales, agentes del orden y otros obstruyen intencionadamente la pronta resolución de estos casos, prolongan la separación familiar y dificultan el regreso de los niños a Estados Unidos. En este contexto, se ha anunciado una nueva política que restringirá la emisión de visados a aquellas personas que sean responsables o cómplices en la obstaculización de la resolución rápida de casos de sustracción internacional de menores, así como a los miembros inmediatos de sus familias.

Esta política otorga al Departamento de Estado una nueva herramienta para exigir responsabilidad a los países que no cumplen con sus obligaciones. Se incluirá a aquellos individuos que no implementan o cumplen intencionadamente con leyes, políticas o órdenes judiciales destinadas a resolver estos casos y a devolver a los niños a su país de residencia habitual.

El Departamento de Estado trabaja de manera proactiva para prevenir las sustracciones y facilitar el retorno rápido y seguro de los menores secuestrados a su país de residencia habitual. Con esta nueva política, se añade otro recurso bajo la legislación estadounidense para fomentar la rendición de cuentas cuando los países incumplen con sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

Nuestra misión sigue siendo la protección de la seguridad y el bienestar de todos los niños estadounidenses. Estas acciones se llevan a cabo en virtud de la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

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