La corrupción ha sido una sombra constante en la política española desde la transición democrática. Pero pocas etapas han estado tan marcadas por escándalos como las legislaturas de Felipe González (1993–1996) y la actual de Pedro Sánchez (2019–2025). Este reportaje analiza, con datos, contexto y consecuencias, las diferencias y similitudes entre dos periodos que pusieron –y ponen– a prueba la integridad de nuestras instituciones.

González: la caída del felipismo entre escándalos

La última legislatura de Felipe González estuvo plagada de casos de corrupción de gran magnitud y gravedad institucional. Desde la guerra sucia contra ETA con los GAL hasta tramas de financiación ilegal del PSOE (Filesa), pasando por el desfalco de fondos reservados y el espectacular caso Roldán, el deterioro de la confianza pública fue masivo. Seis ministros dimitieron. Altos cargos como Barrionuevo, Vera o el propio director de la Guardia Civil acabaron en la cárcel. El PSOE intentó responder con reformas –como la Fiscalía Anticorrupción en 1995–, pero terminó cerrado en sí mismo. El resultado: derrota electoral en 1996.

Sánchez: promesas de regeneración bajo sospecha

El actual presidente llegó al poder precisamente tras una moción de censura motivada por la corrupción del PP (caso Gürtel). Sin embargo, su legislatura también se ha visto salpicada por escándalos como el caso Mediador (sexo, drogas y mordidas), el caso Koldo/Ábalos (mascarillas y posible prostitución pagada con dinero público), o las investigaciones a su esposa y su hermano. Aunque hasta ahora ningún ministro ha sido condenado y muchos casos están aún en fase de instrucción, la presión política y mediática es alta. El gobierno defiende su tolerancia cero, pero algunos casos han mostrado tibieza en la reacción.

Dos escándalos, dos símbolos: Roldán vs. Ábalos

Luis Roldán fue el rostro de la corrupción del felipismo: robó millones, huyó del país y acabó en la cárcel. Ábalos representa la erosión moral del sanchismo: exministro clave, investigado por presunto desvío de fondos y relación con una escort presuntamente pagada con dinero público. Ambos casos minaron la imagen de instituciones fundamentales (la Guardia Civil y el discurso ético del PSOE, respectivamente), y ambos son recordatorios de cómo el poder mal fiscalizado puede degenerar en abuso personal.

Comparación en cifras

• 1993–96: Más de 20 casos relevantes, 6 ministros dimitidos, decenas de condenados, cientos de millones de euros defraudados.
• 2019–25: Menos casos (unos 10 principales), ningún ministro condenado, varios investigados, decenas de millones bajo sospecha, escándalos con alto contenido mediático.

Conclusión: ¿hemos avanzado?

La corrupción en la España actual tiene menor volumen que en los años 90, pero sigue latente. Hoy hay más controles, más transparencia y mayor escrutinio público. Sin embargo, también hay nuevas formas de opacidad, mayor polarización y una preocupante normalización del escándalo. El reto sigue siendo construir instituciones que no dependan de la voluntad política del momento, sino de sistemas de control efectivos, independientes y ejemplarizantes.

La historia de la corrupción en democracia es también la historia de nuestra madurez como país. Cada escándalo destapado, juzgado y condenado es una oportunidad para avanzar. Pero cuando el poder se protege a sí mismo –ya sea en los 90 o en pleno siglo XXI– el coste lo paga siempre la ciudadanía.

Comparativa de casos de corrupción: Felipe González (1993–1996) vs. Pedro Sánchez (2019–2025)

Introducción

En este informe se compara exhaustivamente la corrupción política durante la última legislatura de Felipe González (1993–1996) y la actual legislatura de Pedro Sánchez (2019–2025). Se analizan tanto casos confirmados judicialmente como escándalos mediáticos e investigaciones en curso, abarcando los niveles estatal, autonómico y municipal. La comparativa incluye un análisis cuantitativo – número de casos, montos defraudados, personas implicadas, penas impuestas – y un análisis cualitativo – tipología de delitos, impacto mediático y político, repercusión pública y respuestas institucionales en cada etapa.

En particular, se examinan dos casos emblemáticos que involucran conductas personales escandalosas que dañaron la imagen institucional: el caso Roldán (años 90) frente al caso Ábalos (actualidad). Ambos ilustran cómo los comportamientos individuales (ya sea corrupción financiera o escándalos de índole sexual) en la cúpula política pueden derivar en crisis de confianza en el gobierno. A continuación, se presenta la comparación estructurada en secciones con datos, tablas y análisis narrativo. Todas las fuentes citadas son fiables y contrastadas, tal como se indica en las referencias.

Corrupción en la legislatura 1993–1996 (Gobierno Felipe González)

La última etapa del gobierno de Felipe González –tras más de una década en el poder– estuvo marcada por una cascada de escándalos de corrupción que socavaron gravemente la credibilidad del ejecutivo socialista . Entre 1993 y 1996 salieron a la luz numerosos casos sonados, tanto a nivel central como en autonomías y municipios, que involucraron a altos cargos del PSOE y también de otros partidos. Estas revelaciones ocasionaron dimisiones de ministros, procesamientos judiciales, condenas penales e incluso fugas al extranjero . A continuación se resumen los casos más destacados de ese periodo:

• GAL (terrorismo de Estado): Se destapó la participación de altos mandos del Ministerio del Interior en la guerra sucia contra ETA mediante los GAL, un grupo parapolicial que entre 1983 y 1987 secuestró y asesinó a 27 personas . En 1994-95 el juez Garzón reabrió la investigación (caso Marey) y resultaron encarcelados o imputados funcionarios y políticos de primera línea –incluyendo un exministro del Interior (José Barrionuevo) y un secretario de Estado (Rafael Vera)– por secuestro, asesinatos y malversación de fondos reservados . Este caso, que señalaba incluso al propio Felipe González como posible “Sr. X” (responsable último de los GAL), fue el escándalo más grave de la era González por sus implicaciones de terrorismo de Estado.
• Fondos reservados (Interior): Paralelamente al GAL, se descubrió el desvío sistemático de los fondos reservados del Ministerio del Interior (dinero público destinado teóricamente a la lucha antiterrorista y antidroga). Entre 1987 y 1993 se malversaron unos 5 millones de euros en beneficio privado de altos cargos y en sobresueldos ilegales a funcionarios . Este saqueo de fondos secretos implicó a número dos del Interior y provocó condenas años después.
• Filesa y financiación ilegal: Salió a la luz una trama de financiación ilegal del PSOE a finales de los 80 mediante empresas pantalla (Filesa, Malesa, Time-Export) que cobraban por falsos estudios a grandes compañías . Aunque el Caso Filesa se inició antes de 1993, el juicio concluyó en 1997 con condenas a exdirigentes socialistas por delitos de falsedad y malversación, confirmándose que esas empresas recolectaron fondos ilícitos para el partido . Del caso Filesa se derivaron sub-casos como el Caso AVE/Seat, donde SEAT pagó 175 millones de pesetas a cambio de una recalificación irregular de terrenos para financiar al PSOE (hechos probados pero prescritos) .
• Caso Luis Roldán: Fue paradigmático de la corrupción personal en las altas esferas. Luis Roldán, director general de la Guardia Civil entre 1986-93, acumuló fraudulentamente un patrimonio millonario mientras dirigía este cuerpo. En 1993 la prensa destapó que poseía riquezas incompatibles con su sueldo (más de 400 millones de pesetas ocultos, propiedades a través de sociedades opacas, etc.) . Se descubrió que Roldán había robado al menos 435 millones de pesetas de fondos públicos y cobrado 1800 millones en comisiones ilegales sobre obras de cuarteles . Tras ser cesado, Roldán huyó del país en 1994, desencadenando un escándalo mayúsculo: el ministro del Interior, Antoni Asunción, dimitió asumiendo la responsabilidad por la fuga de su subordinado . La persecución internacional culminó con la captura del prófugo en 1995 en Laos . Roldán fue juzgado y condenado en 1998 a 28 años de cárcel (elevados a 31 años por el Supremo) por malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa – la pena más alta impuesta por corrupción hasta entonces. Su caso dañó enormemente la imagen de la Guardia Civil y evidenció cómo la conducta personal corrupta de un alto cargo podía socavar la confianza en una institución clave.
• Caso Ibercorp: Escándalo financiero que estalló en 1994, implicando a altos responsables económicos cercanos al PSOE. Se descubrió una trama de uso de información privilegiada y fraude bursátil en torno a Ibercorp, que salpicó al entonces exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y a otros financieros de la órbita socialista . El caso reveló la “cultura del pelotazo” – enriquecimiento rápido y fraudulento – e implicó la dimisión del ministro de Agricultura, Vicente Albero, quien mantenía una cuenta oculta en Ibercorp con fondos opacos . También llevó a la renuncia del exministro Carlos Solchaga (entonces presidente del grupo parlamentario socialista) por su relación política con los implicados .
• Otros casos y tramas regionales/municipales: La corrupción de la época no solo afectó al Gobierno central. Hubo numerosos casos autonómicos y locales destacados:
  • En Andalucía, por ejemplo, se descubrió que el director de Obras Públicas, Manuel Ollero, cobraba comisiones ilegales por adjudicaciones de obras . Asimismo, el fastuoso proyecto de la Expo’92 de Sevilla acabó bajo investigación por cohecho y prevaricación, al encontrarse un agujero de más de 210 millones de euros (aunque el caso fue archivado tras años de instrucción) .
  • En Navarra, el expresidente autonómico Gabriel Urralburu (PSOE) montó una red de cobro de comisiones en obras públicas (1987-91); fue procesado y condenado por prevaricación y cohecho junto a un exconsejero .
  • En Cantabria, el presidente regional Juan Hormaechea (PP) fue condenado en 1994 por prevaricación y malversación durante su etapa de alcalde de Santander, recibiendo 6 años de prisión y 14 de inhabilitación .
  • En el ámbito municipal, destaca el Caso Cementerio de Valencia/Madrid: por ejemplo, en Madrid se privatizó en 1992 la empresa funeraria municipal vendiendo el 49% por apenas 100 pesetas, lo que derivó en juicios por malversación y prevaricación contra concejales implicados (años después, en 2013 se confirmaron condenas) . Este tipo de pelotazos evidenció corrupción también en administraciones locales.
  • Incluso el entorno familiar de líderes se vio salpicado: Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente Alfonso Guerra, fue juzgado por cohecho, fraude fiscal y tráfico de influencias al aprovechar una oficina extraoficial en Sevilla para negocios turbios; aunque resultó absuelto de la mayoría de cargos, su escándalo ya en 1990 llevó a la dimisión de Alfonso Guerra y anticipó la sensación de endogamia y abuso de poder en el PSOE .

Impacto y consecuencias (1993–96): La acumulación de estos casos generó un clima de indignación pública y enorme presión mediática. Una parte de la prensa investigó agresivamente (“un sector hostil de la prensa”, en palabras de González) sacando a la luz cada semana nuevos datos comprometedores . El resultado fue un desgaste acelerado del Gobierno: entre 1991 y 1995, seis ministros en ejercicio tuvieron que dimitir por diversos escándalos o sospechas de corrupción . Por ejemplo, Alfonso Guerra (vicepresidente) en 1991, Julián García Valverde (Sanidad) en 1992, Antoni Asunción (Interior) y Vicente Albero (Agricultura) en 1994, y en 1995 Narcís Serra (Defensa/Vicepresidente) junto a Julián García Vargas (Defensa) renunciaron tras revelarse escuchas ilegales del CESID . También abandonaron sus escaños figuras históricas salpicadas (José Luis Corcuera, José Barrionuevo, etc.) . Varios ex altos cargos fueron procesados y encarcelados a finales de los 90 por estos casos (Roldán, Barrionuevo, Vera, Mariano Rubio, etc.), lo que confirmó judicialmente la gravedad de la corrupción de aquellos años .

La repercusión política fue determinante: la percepción generalizada era que “la corrupción se había instalado en el sistema por obra y gracia del PSOE”, provocando un fuerte desgaste electoral . En las elecciones de marzo de 1996, aunque Felipe González intentó una campaña de regeneración, millones de españoles –cansados de este “rosario de escándalos”– retiraron su apoyo al PSOE, que perdió la presidencia tras 13 años de gobierno . El voto de castigo se atribuyó en buena medida a los casos de corrupción y a la “nefasta gestión económica” asociada . En resumen, la etapa 93–96 quedó marcada en la memoria colectiva como una de las más corruptas de la democracia española, con una magnitud posiblemente “irrepetible” . Paradójicamente, la respuesta institucional del PSOE fue ambivalente: si bien impulsó leyes anticorrupción (se creó la Fiscalía Anticorrupción en 1995 y se endureció la tipificación de la malversación en el Código Penal de 1995), el partido también cerró filas en torno a algunos dirigentes procesados –llegando a realizar homenajes de apoyo público a Barrionuevo y Vera cuando ingresaron en prisión en 1998 –, lo que generó críticas por falta de asunción de responsabilidades.

Tabla 1: Panorama cuantitativo de la corrupción (1993–1996)

Corrupción en la legislatura 2019–2025 (Gobierno Pedro Sánchez)

El gobierno de Pedro Sánchez (primero en minoría tras 2019 y luego en coalición con Unidas Podemos desde enero 2020) nació con la promesa de ejemplaridad y combate a la corrupción, en contraste con la etapa anterior del PP marcada por el caso Gürtel. Sin embargo, durante la legislatura han aflorado diversas tramas corruptas y escándalos que han salpicado tanto a miembros del PSOE como a aliados y autoridades en distintos niveles del Estado. Aunque el volumen y la gravedad parecen menores que en los 90, los casos recientes combinan corrupción financiera tradicional con elementos de escándalo personal, y han generado una importante exposición mediática en la era de las redes sociales. A continuación se reseñan los principales casos de 2019 a 2025:

• Caso Mediador (o caso “Tito Berni”): Es la trama de corrupción más sonada de esta legislatura (expuesta en 2023). Implica a un exdiputado nacional del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo (alias Tito Berni), que presuntamente lideraba una red de tráfico de influencias junto con un general retirado de la Guardia Civil (Francisco J. Espinosa) y un intermediario o mediador (Marco A. Navarro) . La investigación reveló que varios empresarios canarios pagaban sobornos, cenas de lujo y fiestas con prostitutas y drogas a cambio de favores para obtener contratos públicos y subvenciones estatales o europeas . Incluso se documentaron reuniones de los implicados en dependencias oficiales (el propio Fuentes recibió a algunos en el Congreso de los Diputados) seguidas de fiestas con prostitutas en hoteles cercanos pagadas por los empresarios . Las fotos del sumario –con el diputado socialista semidesnudo en compañía de prostitutas– y detalles como chats pidiendo “catálogo de chicas” y consumiendo cocaína generaron un escándalo mayúsculo en febrero de 2023 . En total una docena de personas están investigadas por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y prostitución en este caso. Fuentes Curbelo dimitió de su cargo cuando estalló la trama y fue detenido, quedando en libertad provisional a la espera de juicio; el PSOE se personó como acusación particular para deslindarse, pero el daño reputacional ya estaba hecho. Este cóctel de corrupción, drogas y sexo impactó en plena campaña mediática, evidenciando graves fallos éticos similares a los de los 90, ahora en el seno del grupo parlamentario socialista .
• Caso Ábalos (o caso Koldo): Este caso (2021–2023) involucra a uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez, el exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción investiga una presunta trama de comisiones ilegales en la compra de material sanitario (mascarillas) durante la pandemia de COVID-19, en la que estarían implicados Ábalos, su entonces asesor en el Ministerio (Koldo García), y empresarios beneficiados . Según la UCO de la Guardia Civil, Koldo habría facilitado contratos públicos de mascarillas a un empresario (Víctor de Aldama) a cambio de pagos mensuales (~10.000 €) para él y, supuestamente, retornos para su entorno . Esta red alcanzaría a varios ministerios (Transportes –que dirigía Ábalos–, Sanidad e Interior) y a gobiernos autonómicos socialistas (Canarias y Baleares) en la adjudicación de contratos de emergencia por decenas de millones de euros . Además, la investigación señala conexiones con el escándalo Delcygate y posibles negocios opacos con Venezuela . Delcygate se refiere al polémico encuentro secreto en enero de 2020 entre Ábalos y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid, violando sanciones de la UE –un episodio que en su momento fue un escándalo diplomático y que ahora se sospecha podría ligar con intereses económicos (como tráfico de oro venezolano) tras la relación Ábalos-Venezuela . Pero el caso Ábalos cobró una dimensión aún más delicada por su contenido sexual: se filtró que Ábalos mantenía una relación con una escort de lujo, supuestamente financiada con dinero público. La mujer, Jessica Rodríguez, declaró ante la Justicia que recibió pagos mensuales sin trabajar de dos empresas públicas y que Ábalos le costeó un piso en Madrid (plaza de España) –hechos investigados como posibles malversación o uso indebido de recursos públicos . En medios se habla abiertamente de “pagos por sexo” en torno a Ábalos , lo cual resulta devastador para el PSOE en tanto impulsaba una ley abolicionista de la prostitución. En marzo de 2025, este escándalo seguía coleando: Ábalos ha negado las acusaciones y anunciado acciones legales, pero su imagen –y la del gobierno– han quedado seriamente comprometidas por la mezcla de corrupción y escándalo sexual . Cabe señalar que Ábalos fue cesado de su cargo ministerial en julio de 2021, oficialmente en una remodelación del Gobierno, si bien muchos lo atribuyeron a la acumulación de polémicas (Delcygate, caso Koldo, etc.). Por ahora no ha sido imputado formalmente, pero la Audiencia Nacional podría avanzar hacia su inculpación conforme se esclarezcan los pagos opacos a su asistente y los supuestos beneficios personales .
• Sentencia de los ERE de Andalucía: Aunque no es un caso ocurrido bajo el gobierno Sánchez, sí tuvo desenlace judicial en esta legislatura y afectó de lleno al PSOE. En noviembre de 2019 se dictó sentencia por el caso ERE, condenando a dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía (Manuel Chaves y José A. Griñán) y a otros altos cargos autonómicos por malversación y prevaricación en la gestión fraudulenta de expedientes de regulación de empleo entre 2000–2009 . La sentencia cifró en 680 millones de euros el dinero público desviado ilegalmente durante años – fondos que acabaron en manos de políticos, sindicalistas y empresas afines mediante subvenciones opacas. Se impuso a Griñán 6 años de prisión y a Chaves 9 años de inhabilitación, entre otras penas . Esta resolución judicial (en plena era Sánchez) recordó los antiguos vicios sistémicos de corrupción institucional en el PSOE andaluz y tuvo impacto político: el PP exigió al gobierno que asumiera responsabilidades por la “herencia recibida” de su partido. Si bien Pedro Sánchez se desvinculó del asunto (alegando que era cosa del pasado y que los condenados ya estaban fuera de la política), el caso ERE alimentó la narrativa opositora de que “el PSOE sigue igual” y tensó las relaciones con socios como Podemos que criticaban cualquier intento de indulto a Griñán.
• Compra de votos en municipios (2023): Varios escándalos de fraude electoral estallaron en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas de 2023, afectando a distintos partidos. En el entorno del PSOE, destacaron los casos de Huévar del Aljarafe (Sevilla) y Albaida del Aljarafe, donde se investigó a sus alcaldes socialistas por supuestamente ofrecer empleo o contratos a cambio de votos y manipular el voto por correo . También en Vegas del Genil (Granada) se detuvo al alcalde (PSOE) por una red similar de compra de votos . Aunque estos son casos locales aislados, mostraron prácticas clientelares en el ámbito municipal actual. Por otro lado, en Melilla surgió un escándalo de compra masiva de votos por correo vinculado a otro partido (Coalición por Melilla), y en Mojácar (Almería) fueron detenidos candidatos del PSOE por intentar comprar votos a cambio de dinero. Estas tramas, si bien menores en cuantía, tuvieron gran resonancia mediática por la sensibilidad sobre la limpieza electoral. El PSOE nacional reaccionó suspendiendo de militancia a los implicados y condenando la conducta, en un intento de controlar el daño político.
• Otros casos bajo investigación:
  • Caso Begoña Gómez: Es una investigación abierta en Madrid sobre Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por posibles tráfico de influencias y corrupción relacionados con contratos y cargos obtenidos tras la llegada de Sánchez al poder . Se indaga si la Universidad Complutense y ciertas empresas favorecieron a Gómez (por ejemplo, en un centro africano de estudios) gracias a su posición. Aunque este caso ha avanzado poco y la Audiencia Provincial de Madrid llegó a avalar la investigación en 2023, hasta ahora Begoña Gómez no ha sido imputada formalmente. El asunto es delicado porque toca al círculo familiar del presidente, y de hecho Sánchez y su esposa presentaron querellas contra el juez instructor alegando persecución, si bien fueron rechazadas por los tribunales .
  • Caso David Sánchez: Similar al anterior, pero referido a David Sánchez, hermano del presidente. Está siendo investigado en la provincia de Badajoz por supuestas irregularidades en contrataciones y subvenciones en el organismo público donde trabaja, que podrían constituir delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación y malversación . Este caso trascendió en 2022 y generó acusaciones de nepotismo. Aún se encuentra en fase de instrucción, con la particularidad de que algunos informes oficiales tardaron en entregarse al juzgado, lo que suscitó suspicacias sobre posibles obstáculos a la investigación .
  • Fiscal General del Estado imputado: En 2023, por primera vez en la historia, un Fiscal General en ejercicio fue imputado judicialmente. Se trata de Álvaro García Ortiz, nombrado por el gobierno de Sánchez, a quien la Guardia Civil acusa de revelación de secretos por supuestamente filtrar información confidencial fiscal al abogado de un particular –particular que resultó ser pareja de una rival política del PSOE (se alude a la presidenta madrileña Díaz Ayuso) . Este caso provocó un “clamor en la carrera fiscal” pidiendo su dimisión por el daño a la institución, pero García Ortiz se ha negado a renunciar . En su declaración ante el Supremo, un líder socialista madrileño reconoció que desde el entorno del Gobierno se le había hecho llegar dicho documento filtrado . El Gobierno ha defendido la presunción de inocencia del Fiscal, pero la oposición denunció una “guerra sucia” institucional. Este episodio evidencia tensiones actuales entre el poder político y la administración de justicia, añadiendo un nuevo ángulo a los problemas de integridad pública.
  • Caso Plus Ultra: Se cuestionó en 2021 el rescate con 53 millones de euros de dinero público a la aerolínea privada Plus Ultra (con accionistas vinculados al régimen venezolano). La ayuda, aprobada por el Gobierno dentro de los fondos COVID, fue tildada de irregular por la oposición. Posteriores investigaciones antifraude (en colaboración con Suiza) han encontrado indicios de que el rescate pudo encubrir operaciones de blanqueo de capitales ligados a la venta de oro venezolano . La Fiscalía Anticorrupción detectó posibles fraudes en el uso de esos 53 millones, con parte del dinero supuestamente fluyendo a empresas públicas de Venezuela . Aunque el caso Plus Ultra fue archivado provisionalmente en España en 2022, ha dejado “puntos oscuros” sin aclarar y generó malestar incluso en Anticorrupción por dicho archivo . Sigue siendo citado como ejemplo de decisiones controvertidas bajo Sánchez que merecen mayor escrutinio.

Impacto y respuestas (2019–25): En el actual gobierno, los casos de corrupción e irregularidades confirmados no han alcanzado (hasta 2025) la magnitud judicial de los 90, pero sí han tenido alto impacto mediático y político. La reacción del Ejecutivo ha sido tratar de diferenciarse de la era anterior: se ha proclamado tolerancia cero, y cuando ha habido imputaciones formales se ha apartado a los implicados (por ejemplo, el diputado Tito Berni Fuentes fue expulsado del partido y del grupo parlamentario inmediatamente) o se les ha instado a dimitir. No obstante, críticos señalan que en algunos casos la actuación ha sido más lenta o a regañadientes: Ábalos permaneció en el Consejo de Ministros más de un año tras Delcygate y las primeras sospechas de su caso , y solo salió en una remodelación; el Fiscal General imputado sigue en el cargo; y personas investigadas del entorno presidencial (Begoña, David) no han asumido responsabilidades al no estar formalmente acusadas. El Gobierno se defiende alegando que “no hay impunidad” y que colabora con la justicia, destacando que muchos de estos casos están en fase de investigación preliminar.

En el plano autonómico y local, la coalición PSOE–Unidas Podemos ha enfrentado relativamente pocos casos de corrupción propios (ya que en varias regiones y municipios el poder lo ostentan otros partidos). De hecho, en 2019–2023 han salido a sentencia varios macro-casos de corrupción ajenos al PSOE pero concurrentes en el tiempo –por ejemplo, el juicio del Caso Púnica y Lezo (tramas de financiación ilegal del PP madrileño), la investigación Kitchen (espionaje ilegal a Bárcenas bajo el gobierno Rajoy) o el mencionado fraude de votos en Melilla. Estos casos han mantenido la corrupción en el foco mediático general. No obstante, la oposición política ha hecho especial hincapié en los escándalos que tocan al PSOE actual, por pequeños que sean, para equipararlos con la era Gürtel o con el felipismo tardío. Un ejemplo claro es el caso Koldo/Ábalos: en octubre de 2024, el líder del PP afirmó que “jamás una trama de corrupción había llegado tan cerca de Moncloa” refiriéndose a Koldo y sugirió que dinero en bolsas pudo haber llegado a la sede del Gobierno . El PP incluso presentó una querella contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias a raíz de esas revelaciones, pidiendo la dimisión de Sánchez . Si bien esta ofensiva no prosperó en el Congreso, sí demuestra cómo los casos de corrupción recientes erosionan la confianza en el gobierno de Sánchez y “rompen el relato fundacional” de que llegaban para limpiar la corrupción del PP .

Tabla 2: Panorama cuantitativo de la corrupción (2019–2025)

Análisis cualitativo de las diferencias y similitudes

Desde un enfoque cualitativo, la corrupción en 1993–96 y en 2019–25 presenta tanto diferencias significativas como similitudes preocupantes en varios aspectos:

• Tipos de delitos y tramas: En la era de Felipe González, emergieron casos extremos que iban más allá de la corrupción económica, incluyendo terrorismo de Estado (GAL) y financiación ilegal masiva de partido (Filesa), junto a numerosos episodios de enriquecimiento ilícito individual (Roldán, Ibercorp) y clientelismo regional. Era una corrupción en parte sistémica, inserta en estructuras de gobierno tras 13 años de poder hegemónico del PSOE. Por contraste, en la era Sánchez los casos descubiertos hasta ahora corresponden más a corrupción “clásica”: cobro de comisiones por contratos (mordidas en mascarillas, Mediador), tráfico de influencias para colocar afines (Begoña Gómez, hermano de Sánchez), mal uso de fondos públicos (Plus Ultra). No ha habido –que se sepa– tramas de violencia parapolicial ni una maquinaria centralizada de financiación ilegal del partido. Sin embargo, algunos patrones se repiten: por ejemplo, altos funcionarios lucrándose de contratos públicos inflados (igual que en los 90 con obras públicas y AVE, ahora con material sanitario) ; o redes clientelares en regiones con largo gobierno socialista (Andalucía en los ERE, algunos municipios hoy) comprando apoyos. Una nota diferencial es el contenido sexual presente en ciertos escándalos actuales (fiestas con prostitutas en Mediador, la “escort” de Ábalos) , algo que en los 90 no fue elemento central de los casos (salvo rumores esporádicos). Esto añade un componente de escarnio moral a la corrupción contemporánea, reflejando quizás mayor escrutinio a la vida privada de los políticos hoy en día.
• Impacto mediático y cobertura: En los 90, la prensa escrita (Diario16, El Mundo, etc.) llevó la batuta destapando escándalos semana a semana, con grandes investigaciones periodísticas que alimentaban la agenda pública . La TV pública fue más controlada por el gobierno entonces, pero aun así la presión informativa de la prensa e incipientes cadenas privadas generó debate nacional. Hoy, además de los medios tradicionales, existen las redes sociales y medios digitales que amplifican instantáneamente cada caso. Por ejemplo, las fotos sórdidas del caso Mediador circularon por WhatsApp y Twitter en horas, provocando reacciones virales. La polarización mediática también es mayor ahora: medios afines al gobierno minimizan ciertos escándalos mientras los opositores los magnifican, y viceversa (similar a como en los 90 algunos periódicos eran más hostiles al PSOE que otros). En cualquier caso, la velocidad y saturación informativa actual hace que el impacto pueda ser a la vez más inmediato pero también más fugaz – un caso tapa al anterior rápidamente. No obstante, en época electoral (e.g. 2023) los casos se utilizan profusamente en campañas, y la opinión pública, ya muy desencantada por décadas de casos (Gürtel, ERE, Pujol, etc.), suele percibir la corrupción como un problema persistente. Encuestas recientes siguen situando la corrupción entre las principales preocupaciones ciudadanas, si bien es cierto que tras los grandes escándalos de 2010s (Gürtel, Púnica) hay cierta desensibilización: a algunos votantes nada les sorprende ya, y tienden a mantener posturas según afinidad política (justificando a “los suyos” y condenando al rival). En los 90, en cambio, el electorado socialista sí se mostró más shockeado y dispuesto a castigar a su partido tras conocer los escándalos ; hoy día esa traslación a votos no es tan automática debido al arraigo de la polarización.
• Repercusiones políticas: La etapa 1993–96 terminó desencadenando un cambio de ciclo político: el PSOE perdió el poder después de 14 años, en buena medida por el desgaste de los escándalos. Fue un momento casi refundacional de la democracia española, con la llegada de Aznar en 1996 bajo la promesa de regeneración. En la actualidad (2019–25), todavía no se ha visto un vuelco equivalente; de hecho, Pedro Sánchez logró revalidar su mandato (aunque ajustadamente) tras las elecciones de 2019 y 2023 pese a los casos surgidos. Esto puede indicar que los casos presentes, si bien erosivos, no han alcanzado un umbral crítico para el votante medio, al menos comparados con otros factores (p. ej. la gestión económica, la gobernabilidad con independentistas, etc.). También influye que el gobierno actual es de coalición: los aliados de Sánchez suelen desmarcarse de los casos PSOE (Podemos insistió en la dimisión de imputados y en cargar contra “corruptos del bipartidismo”), lo que complejiza las lealtades. Sin embargo, a largo plazo la persistencia de escándalos sí pasa factura a la confianza en las instituciones. Sánchez llegó al poder en 2018 precisamente tras una moción de censura apoyada en la condena por corrupción al PP de Rajoy – es decir, la legitimidad original de su gobierno se basó en ser “más honesto” que el anterior. Cada nuevo caso (Mediador, Koldo, etc.) “rompe el relato fundacional” de ese gobierno regenerador , equiparándolo en la narrativa opositora a “un gobierno más con sospechas de corrupción y debilidad parlamentaria” . En resumen, las repercusiones políticas de la corrupción actual están aún en desarrollo: podrían contribuir a un fin de ciclo en próximas elecciones (si los ciudadanos castigan al PSOE por estos temas, sumados a otros), o ser contenidas si el gobierno logra mostrarse contundente contra los suyos. En cualquier caso, ambos periodos enseñan que la corrupción debilita la autoridad moral del gobierno: Felipe González terminó su mandato en mutismo y desánimo frente a los escándalos ; Sánchez, aunque públicamente firme contra la corrupción, ha visto cómo estos casos complican su agenda (por ejemplo, torpedeando su ofensiva legislativa contra la prostitución, al revelarse el caso Ábalos) .
• Respuestas institucionales y reformas: Tras los escándalos de los 90, España creó o reforzó varios mecanismos anticorrupción: se estableció la Fiscalía Especial Anticorrupción (1995), se promulgó una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal agilizando procesos, y se aprobaron leyes de financiación de partidos más estrictas. Paradójicamente, en esa época las instituciones de control (Tribunal de Cuentas, judicatura) estaban menos desarrolladas que hoy, lo que permitió que muchas tramas prosperasen años sin ser detectadas. En la etapa actual, existe un andamiaje legal más fuerte (Ley de Transparencia 2013, normativa de contratos públicos armonizada con la UE, órganos autonómicos antifraude, etc.), pero surgen nuevos desafíos: por ejemplo, la lucha contra la corrupción se politiza en el nombramiento de jueces y fiscales (el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, las acusaciones cruzadas de “lawfare” o de encubrimiento). El gobierno de Sánchez sí ha impulsado algunas medidas modernas, como la transposición en 2023 de la Directiva europea de protección de denunciantes, para animar a funcionarios a denunciar corrupción sin temor. También eliminó en 2022 el delito de sedición y reformó el de malversación, aunque esto se hizo con objetivo de contentar a aliados catalanes y generó controversia: la oposición sostiene que rebajar las penas de malversación podría beneficiar a políticos corruptos (incluidos los condenados de los ERE), algo que el Gobierno niega. En cualquier caso, la voluntad institucional de combatir la corrupción se pone a prueba en hechos: en 2023 hemos visto por primera vez un Fiscal General investigado sin dimitir, lo cual para muchos “daña la institución” porque sugiere que la cúpula judicial puede haber incurrido en prácticas irregulares . Por otro lado, cuando estalló el caso Mediador, el Congreso reaccionó creando una comisión de investigación interna sobre el uso de sus instalaciones por la trama, y el PSOE expulsó rápidamente al diputado implicado, intentando marcar distancia. Este tipo de respuestas inmediatas contrastan con la opacidad inicial con que en los 90 se manejaron casos (recordemos que González decía enterarse “por la prensa” de muchas acusaciones ). En suma, institucionalmente España ha avanzado en transparencia y control preventivo, pero la efectividad real depende de la aplicación sin miramientos, cosa que a veces choca con intereses políticos.

Comparativa específica: Caso Roldán vs. Caso Ábalos

Finalmente, se ofrece una comparación puntual entre dos casos emblemáticos de cada periodo, que comparten la característica de mezclar conducta personal escandalosa y erosión de la imagen institucional:

Caso Luis Roldán (1993–1995)

Resumen: Luis Roldán fue el primer civil al mando de la Guardia Civil y símbolo de la modernización del cuerpo en los años 80, pero resultó ser protagonista del mayor escándalo personal del felipismo. Aprovechando su cargo (1986–93), Roldán malversó grandes sumas de dinero público destinadas a construir cuarteles y a los fondos reservados de Interior, y acumuló un patrimonio ilícito (pisos, coches de lujo, cuentas en el extranjero) . En noviembre de 1993, investigaciones periodísticas de Diario 16 revelaron sus riquezas inexplicables . Inicialmente Roldán lo negó, pero ante la evidencia fue cesado en diciembre de 1993. El gobierno de González intentó controlar daños –incluso nombrando a un independiente (Juan Alberto Belloch) como ministro de Interior y Justicia para impulsar la limpieza–, pero Roldán se fugó de España en abril de 1994 antes de ser detenido . Este episodio supuso un golpe devastador a la credibilidad institucional: ¿cómo el máximo responsable de la Guardia Civil podía convertirse en un ladrón y prófugo internacional? La fuga, facilitada por cómplices y bajo la nariz del Ministerio, causó tal bochorno que el ministro del Interior, Antoni Asunción, dimitió inmediatamente al no poder explicar cómo se escapó su subordinado .

Roldán estuvo 10 meses en paradero desconocido, en un sainete internacional con supuestas negociaciones secretas para su entrega. Finalmente fue capturado en febrero de 1995 en Laos –aunque en realidad se entregó en Bangkok, Tailandia; detalles confusos sugieren que emisarios del gobierno participaron en la operación, generando suspicacias sobre pactos encubiertos . En 1998 la Audiencia Nacional lo condenó por malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa, considerándole culpable de robar cientos de millones de pesetas (al menos 2.235 millones en total) del erario . El Tribunal Supremo agravó la pena a 31 años de cárcel, de los cuales Roldán cumplió efectivo alrededor de 15 años antes de obtener la libertad condicional en 2005 .

Impacto institucional: El caso Roldán encarnó como ningún otro la corrupción individual que destruye la confianza pública. La Guardia Civil, cuerpo de seguridad de larga tradición, vio manchada su imagen: por primera vez su director general resultó ser un delincuente. El propio Felipe González admitió que este caso le produjo enorme daño político y moral. La opinión pública quedó estupefacta ante el cinismo: Roldán había alardeado de modernizar cuarteles y combatir a ETA, mientras se enriquecía a costa de los fondos antiterroristas y vivía vida de lujo. Su fuga ridiculizó al Estado de Derecho (se hicieron chistes de que escapó “con tricornio y bigote postizo”), mostrando impunidad. Solo la eficaz cooperación policial y judicial internacional logró corregir esa afrenta con su captura. A nivel político, además de la dimisión del ministro Asunción, el caso aceleró la crisis final del felipismo: se sumó al clima de “fin de régimen” donde ya nada parecía limpio. Roldán se convirtió en sinónimo de corrupción descarada – hasta Coca-Cola lo usaría irónicamente en un anuncio años después, señal de su infamia en la cultura popular . En resumen, Roldán simboliza cómo la conducta personal (codicia y traición al deber) de un alto cargo puede deslegitimar a toda una institución y, por extensión, a un gobierno completo.

Caso José Luis Ábalos (2020–2023)

Resumen: José Luis Ábalos, figura clave del sanchismo (ex número 3 del PSOE y ministro estrella hasta 2021), protagoniza un caso complejo que combina posible corrupción económica y escándalo moral. Sus problemas comenzaron con el episodio conocido como Delcygate (enero 2020): Ábalos, entonces ministro de Fomento, se reunió de madrugada en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, ayudándola a eludir su prohibición de entrada en la UE . Aquello violó sanciones internacionales y se manejó con secretismo, desatando un escándalo político. Aunque no hubo consecuencias legales directas, dañó la imagen de transparencia del ministro.

La verdadera tormenta llegó después: en 2022–2023 la UCO destapó el llamado “Caso Koldo”, que apunta a que un estrecho colaborador de Ábalos, Carlos García (Koldo), actuó como intermediario en una trama de cobro de comisiones por contratos de emergencia durante la pandemia . Koldo habría usado su acceso al Ministerio de Transportes (y la confianza de Ábalos) para enchufar a empresas de un conocido en contratos de mascarillas, geles u otros suministros, a cambio de pagos clandestinos. Parte de esos pagos –según sospechas– habrían financiado gastos personales ligados a Ábalos. Aquí entra la arista escandalosa: se descubrió que Ábalos mantenía una relación con una mujer joven (Jessica Rodríguez) a la que habría sostenido con dinero público . Investigaciones periodísticas y judiciales indican que Jessica (una supuesta escort) recibió pagos mensuales de empresas estatales (Tragsa y Saeca) sin desempeñar labor alguna, así como un apartamento de lujo costeado indirectamente por Koldo/Ábalos . En otras palabras, se alega que fondos vinculados a la corrupción de los contratos COVID terminaron beneficiando a la pareja sentimental del ministro –un caso de desvío de recursos para fines personales. El asunto salió a la luz justo cuando el PSOE pretendía aprobar una ley para abolir la prostitución, generando una acusación de hipocresía muy explotada por la oposición: “mientras predican feminismo y prohíben el sexo de pago, uno de los suyos usaba dinero público para pagar a una prostituta” . Ábalos ha negado rotundamente que esos pagos sean irregulares (afirma que la mujer trabajó en proyectos reales) y que él participara en ninguna trama de mordidas. No obstante, el caso Ábalos está formalmente en manos de la Fiscalía Anticorrupción y de un juez de la Audiencia Nacional, avanzando hacia posibles imputaciones penales . Por lo pronto, el partido socialista lo ha distanciado de la primera línea (Ábalos ni siquiera concurrió en listas electorales de 2023) y él ha pasado a un perfil bajo, preparando su defensa.

Impacto institucional: El caso Ábalos es posiblemente el más embarazoso para el Gobierno de Sánchez en términos personales. Si el caso Roldán minó la credibilidad de la Guardia Civil, el caso Ábalos mina la del discurso ético del PSOE actual. En plena era de reivindicación feminista del Ejecutivo, ver a un exministro envuelto en un escándalo de prostitución financiada con dinero público resulta demoledor . Además, Ábalos era uno de los pesos pesados del gobierno y muy cercano al presidente; su conducta refleja internamente un fallo de control y de ejemplaridad. La repercusión mediática ha sido enorme, con titulares en prensa nacional e internacional destacando la trama de “sexo y sobornos” en el entorno de Moncloa . La oposición ha pedido explicaciones en sede parlamentaria y ha usado el caso para argumentar que este gobierno “es tan corrupto como los anteriores”. Institucionalmente, se siente también en la diplomacia: Delcygate y las menciones a oro de Venezuela en el sumario siembran dudas sobre la política exterior del gobierno hacia Caracas . A diferencia de Roldán, que acabó con dura condena, en Ábalos aún rige la presunción de inocencia; pero políticamente el daño está hecho. Un analista señalaba que “el caso Koldo es determinante porque rompe el relato de Sánchez contra la corrupción y roza límites intolerables en una democracia europea; Rutte en Holanda dimitió por mucho menos” . En otras palabras, se insinúa que en otros países un escándalo así habría tumbado al gobierno, mientras que en España de momento no. Esto indica diferencias de contexto y también de reacción: en los 90, ante casos graves, hubo dimisiones inmediatas (Asunción por Roldán); en la actualidad, Ábalos fue apartado pero no asumió responsabilidad pública directa ni hubo una condena unánime del partido (de hecho, algunos líderes del PSOE inicialmente calificaron las acusaciones de “chantaje” sin fundamento) . Ambas situaciones, no obstante, comparten un elemento: la traición a la confianza pública por intereses privados. Roldán traicionó la integridad de un cuerpo policial por dinero; Ábalos habría traicionado la ética de su cargo por placeres personales y lucro. Los dos casos revelan cómo la frontera entre lo público y lo privado se diluye peligrosamente cuando ciertos dirigentes se sienten impunes – ayer y hoy.

Comparación Roldán vs Ábalos: Sintetizando, Luis Roldán y José Luis Ábalos representan dos épocas, pero sus escándalos tienen en común ser símbolos de corrupción personalizada: uno en los 90 y otro en los 2020s. Ambos aprovecharon posiciones de alto poder para beneficio propio, dañando la imagen de la institución que lideraban (Guardia Civil en un caso, Ministerio de Transportes/PSOE en el otro). Roldán encarnó la corrupción económica pura (malversación millonaria) con componente de huida y espectáculo internacional, en un tiempo de menor transparencia; Ábalos encarna una mezcla de corrupción y conducta indecorosa (sexo, amiguismo), amplificada por la sobreexposición mediática actual. En Roldán hubo respuesta contundente tardía: cárcel larga y vergüenza histórica; en Ábalos, de momento, hay reprobación social inmediata pero el desenlace judicial está pendiente. Importante diferencia es que Roldán actuó más a escondidas y fue descubierto cuando ya no estaba en el cargo, mientras Ábalos lidiaba con rumores durante su gestión (Delcygate) y fue cesado antes de que estallara lo peor – quizá una señal de que hoy hay un poco más de reacción preventiva. No obstante, en términos de percepción pública, ambos casos generaron incredulidad e indignación: cómo es posible que ese dirigente, en quien se confiaba, hiciera eso. Cada uno a su modo ha quedado como referencia de escándalo político de su tiempo.

Conclusiones

La comparación entre la última legislatura de Felipe González (1993–1996) y la actual de Pedro Sánchez (2019–2025) en materia de corrupción arroja varios hallazgos clave:

• En la dimensión cuantitativa, la etapa 93–96 presentó un volumen mayor de casos y de cuantías desviadas que la era 2019–25. La red de corrupción del felipismo tardío abarcó múltiples ministerios y causó una ola de dimisiones y condenas sin precedentes . En la etapa Sánchez se han destapado menos tramas y ninguna ha alcanzado aún sentencia firme; sin embargo, la legislatura no está exenta de corrupción, con varias investigaciones en curso que involucran desde exministros hasta autoridades locales. Es decir, la corrupción sigue siendo un problema vigente en la política española, aunque de magnitud quizá más acotada en los últimos años.
• En la dimensión cualitativa, se observan patrones comunes (corrupción por financiación política, enriquecimiento personal, redes clientelares) pero también nuevos fenómenos. La corrupción de los 90 operaba en un contexto de mayor hegemonía política y menor escrutinio tecnológico, permitiendo excesos que hoy difícilmente pasarían inadvertidos (como los GAL o desfalcos multimillonarios continuados). La corrupción actual, por su parte, está muy influida por la hipervisibilidad mediática: los escándalos incluyen elementos de vida privada y generan reacciones inmediatas en redes sociales, lo cual añade capas de repercusión social (por ejemplo, la condena moral por conductas personales, como vimos con Ábalos, se suma a la jurídica). En ambos periodos, no obstante, la consecuencia final es similar: erosión de la confianza ciudadana en las instituciones y en los gobernantes. Tanto en 1996 como potencialmente en 2023-2025, los votantes evalúan la honestidad del gobierno en turno, pudiendo optar por la alternancia si perciben corrupción sistémica.
• Las respuestas institucionales también difieren: González afrontó la recta final de su mandato con un sistema judicial que, pese a su lentitud, acabó procesando a muchos implicados, y con un PSOE que, si bien intentó algunas reformas, terminó protegiendo a parte de los suyos por corporativismo . Sánchez, en contraste, ha intentado proyectar una imagen de firmeza anticorrupción –expulsiones rápidas, personación como acusación en casos como Mediador–, pero al mismo tiempo ha tenido roces con la justicia (v.gr. tensiones con el Poder Judicial, o la imputación del Fiscal General sin apartarlo). Esto refleja que la lucha anticorrupción sigue siendo en parte rehén de pugnas políticas y no está plenamente institucionalizada. Aún así, se nota cierta mejora en la prevención y transparencia respecto a los 90: hoy hay más mecanismos de control, más pluralismo político (lo que permite que escándalos en ciertas administraciones sean destapados por la oposición, cosa que en hegemonías prolongadas antes no ocurría tanto) y mayor conciencia pública del problema.

En conclusión, los casos de corrupción en la España de los 90 y de la actualidad presentan diferencias de grado y contexto, pero una raíz común: la debilidad de los controles éticos sobre el poder y la tendencia de algunos dirigentes a anteponer el beneficio propio al interés público. El caso Roldán y el caso Ábalos son dos caras de esa moneda en épocas distintas, ambos aleccionadores. Si los años 90 nos dejaron la lección de la necesidad de regeneración democrática tras el agotamiento de un partido dominador, los años recientes nos recuerdan que ningún gobierno está inmune a escándalos – incluso aquellos que llegan con la bandera de la honestidad pueden sucumbir a prácticas opacas. La comparativa evidencia progresos en algunos ámbitos (menor tolerancia social, más instrumentos legales), pero también persistencia de viejos vicios. La opinión pública y los medios continúan siendo actores fundamentales para destapar estas tramas, y la justicia debe actuar con independencia para sancionarlas. Solo así, aprendiendo del pasado y del presente, podrá avanzarse hacia instituciones más íntegras y una política verdaderamente al servicio de la ciudadanía, libre de la lacra de la corrupción.

Fuentes: Este informe se ha elaborado únicamente con información de fuentes fiables, incluyendo artículos de prensa (El País, ABC, etc.), informes especializados y documentación judicial, como se refleja en las citas adjuntas. Cada dato clave –números, nombres, fechas, hechos procesales– ha sido contrastado con dichas fuentes. Las referencias en el texto (formato 【número†línea】) remiten a fragmentos verificables de esas fuentes. De este modo, se garantiza la rigurosidad y exactitud de la comparativa presentada.

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