La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha manifestado el respaldo y la solidaridad de la región hacia Ceuta, avalando la determinación del Estado de asignar 25 millones de euros. Dicha cifra fue aprobada por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, encuentro que tuvo lugar el 27 de agosto bajo la presidencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. El objetivo principal de la reunión fue tratar la situación de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en la Ciudad Autónoma.

García Torijano ha subrayado la relevancia de esta inversión por parte del Gobierno, calificándola como un esfuerzo significativo y necesario para gestionar la crisis actual en Ceuta. Asimismo, la consejera ha recordado que Castilla-La Mancha ha cumplido con los compromisos derivados de crisis migratorias anteriores y del Real Decreto Ley del año pasado, un proceso que ha exigido un gran esfuerzo al sistema regional de protección de menores.

Durante su intervención, la consejera ha advertido que la ampliación de la capacidad de los sistemas de protección de las comunidades autónomas no es una tarea que pueda ejecutarse de forma inmediata. Según ha explicado, este proceso requiere no solo la disponibilidad de plazas físicas, sino también la contratación de profesionales capacitados y la dotación de recursos especializados. Por ello, ha valorado como fundamental explorar vías alternativas que permitan abordar la problemática en Ceuta sin saturar los sistemas autonómicos ya existentes.

La consejera ha hecho especial hincapié en que cualquier resolución derivada de la crisis migratoria debe centrarse prioritariamente en el interés superior de los menores, con un enfoque especial en aquellos que se hallen en condiciones de mayor vulnerabilidad. Ha defendido que los niños y niñas no deben ser considerados invasores y que es deber de las administraciones garantizar sus derechos fundamentales.

En el marco de la coordinación institucional, García Torijano ha resaltado la importancia de mantener una comunicación fluida y constante con el Ministerio para hallar soluciones eficaces que protejan a los menores. En este sentido, ha mencionado la posibilidad de la reagrupación familiar, aunque ha advertido que las circunstancias personales y familiares de cada caso son diversas y, en ocasiones, presentan una gran complejidad.

Finalmente, Castilla-La Mancha ha manifestado su plena disposición para colaborar con el Gobierno central en la búsqueda de alternativas que prioricen la defensa de los derechos de los niños y niñas, especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.