El Gobierno de Aragón ha decidido presentar un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 556/2026, aprobado el 30 de junio, que regula la capacidad de las comunidades autónomas para acoger a menores extranjeros no acompañados. Esta decisión fue anunciada en un Consejo de Gobierno extraordinario, donde los vicepresidentes Alejandro Nolasco y Mar Vaquero expresaron su preocupación por lo que consideran una imposición unilateral del Gobierno de España, que según ellos carece de un criterio objetivo y argumentado.

Mar Vaquero, vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo aragonés, indicó que se ha autorizado a los servicios jurídicos del Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia para interponer este recurso. Este paso se da en el contexto de la ampliación del Real Decreto de 2025, que ya había sido impugnado por el Gobierno de Aragón por establecer un límite en el número de menores que la comunidad podía acoger. Vaquero criticó la falta de respeto del Gobierno central hacia las competencias autonómicas y la decisión de imponer un reparto forzoso de menores, lo que, según ella, pone en riesgo el sistema de protección de la comunidad.

Nolasco, por su parte, explicó que el nuevo decreto incrementa el cupo de acogida obligatoria de menores a 476 en Aragón. En este sentido, el consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, afirmó que se redoblará la batalla judicial contra lo que considera una política «vergonzosa, ilegal e indecente» del Gobierno de Pedro Sánchez, que favorece la inmigración ilegal y utiliza a los menores de edad de manera intolerable.

El Gobierno de Aragón fundamenta su recurso en que el Real Decreto invade competencias autonómicas y fue elaborado sin consultar al Ejecutivo aragonés. Además, argumenta que regula una materia que debería estar sujeta a una Ley Orgánica, dado que afecta a derechos fundamentales y libertades públicas, en particular a los derechos consagrados en los artículos 10 y 15 de la Constitución Española.

Asimismo, Nolasco destacó que el Real Decreto 556/2026 incumple un acuerdo vigente entre España y Marruecos, firmado el 6 de marzo de 2007, que obliga a la devolución inmediata de cualquier menor que cruce ilegalmente la frontera, debiendo ser entregado a su familia o al Estado marroquí. El vicepresidente analizó que, en la práctica, esta normativa favorece la inmigración ilegal y a las mafias que se benefician de ella, utilizando a los menores inmigrantes para vulnerar el Estado de Derecho.

Nolasco concluyó afirmando que la acción del Gobierno de Aragón busca evitar que esta normativa entre en vigor y que no sirva de excusa para que el Gobierno central traslade la responsabilidad de la acogida de estos menores a las comunidades autónomas, especialmente en relación con la crisis migratoria que se vivió en Ceuta hace dos meses.

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Foto: Gobierno de Aragón